En marzo de 2019, una mujer de 68 años comenzó a experimentar síntomas de obstrucción intestinal: vómitos, dolor abdominal y fiebre. Acudió en tres ocasiones al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. En todas fue dada de alta sin realizarle pruebas diagnósticas suficientes. A la cuarta, llegó en estado crítico. Fue operada de urgencia, pero la peritonitis fecaloidea ya se había instalado, dejándola con secuelas irreversibles: colostomía, movilidad reducida, y una discapacidad reconocida del 68%.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a su favor, condenando tanto al Servicio Madrileño de Salud como a una empresa privada adjudicataria del servicio hospitalario. La indemnización de 300.000 euros reconoció la falta de diligencia médica, pero también la responsabilidad compartida entre el sistema público y las entidades privadas externalizadas.
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