Un paciente vigués de 62 años fue intervenido en 2017 por una supuesta enfermedad diverticular. La cirugía, innecesaria según la autopsia, desencadenó una serie de complicaciones debido a una cirrosis hepática no diagnosticada previamente por el médico que lo atendía, perteneciente a Sanitas. El paciente falleció, y la familia inició una batalla legal que culminó en una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenó a Sanitas a pagar casi un millón de euros por “mala praxis grave”.
Se demostró que el médico no había pedido pruebas básicas que habrían permitido identificar la cirrosis. Además, no se informó adecuadamente al paciente ni se le ofrecieron alternativas terapéuticas, lo que vulneró su derecho al consentimiento informado. El tribunal consideró que se produjo una "negligencia grave con resultado de muerte".
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